31
de octubre de 2013
El día Martes 29 el presente mes,
gracias a la tecnología conseguimos presenciar en vivo vía internet, la
sesión ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación en relación a la independencia judicial en Bolivia. Como peticionante
la Fundación Nueva Democracia representados por el Dr. Rubén Darío Cuellar y la
Dra. Silvia Salame. Por el Estado Boliviano, el Ministro del Gobierno Carlos
Romero, el Presidente de Corte Suprema, Dr. Gonzalo Hurtado y tres funcionarios
adicionales de apoyo.
Los temas afrontados fueron, la sumisión del sistema judicial al
órgano ejecutivo, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales,
violaciones a los derechos humanos, aplicación retroactiva de leyes penales,
persecución a jueces y constantes violaciones a la libertad de expresión. Sin
embargo, el tema central es el sometimiento del sistema judicial al órgano
ejecutivo, y esto se pone aún en mayor evidencia con la presencia del Ministro de Gobierno
exponiendo ante la CIDH los avances que Bolivia ha experimentado en el sistema
judicial, dejando en segundo plano al Presidente de la Corte Suprema.
Como se dice, para muestra un botón. ¿Qué
hace el Ministro de Gobierno en Washington presentándose y explicando ante la
CIDH los avances del sistema judicial en Bolivia?, parte que no es una novedad es una clara e
incontestable penetración en el poder judicial por parte del poder ejecutivo,
hasta en los foros internacionales. Sucede que para el Ministro de Gobierno es
normal y rutinario inmiscuirse en asuntos del poder judicial en Bolivia y cree
que lo puede hacer a nivel internacional.
Para los miembros de la CIDH les ha
quedado por demás de claro la extensión de la injerencia del poder ejecutivo
sobre el poder judicial en Bolivia. Este acto ingenuo del Ministro de Gobierno
Carlos Romero le debería preocupar al Presidente Evo Morales, porque acaba de
largar la última gota que colmó el vaso.
El hecho de la privación de autoridades
judiciales llamadas por ley respetando competencias y jurisdicciones legales a
algún procesado como se ha venido haciendo desde que se propusieron utilizar la
justicia como herramienta de ruina de
ciudadanos destruyéndolos civilmente, ha sido la constante a tal extremo que se
ha deteriorado el sistema judicial, ha generado mayor incertidumbre una de las causas más importante de la percepción de inseguridad que siente el
ciudadano, uno de los ejemplos más nítido es toda la maquinación en uno de sus
casos más relevantes que ha sido su bandera de sometimiento y para ello fue
necesario la persecución de uno de los jueces que se atrevió a dictar una
resolución contraria a los intereses gubernamentales como lo fue la del DR.
Luis Tapia Pachi.
Ahora no nos debe sorprender de que el
Gobierno de Evo Morales cumpla con su amenaza de retirarse de la CIDH para
desvirtuar el próximo informe que este organismo presentará sobre la situación
jurídica en Bolivia.
Alejandro Brown I.
Perseguido Politico.
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